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El pasado 3 de noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró ilegal algunas de las facultades reconocidas al concesionario por el Reglamento de Policía Portuaria de Catalunya (Decreto 206/2001, de 24 de julio), concretamente las reconocidas en el apartado 3, letras a) y b), del artículo 25 de dicho reglamento, en la medida que confieren al concesionario la posibilidad de que pueda proceder, en los supuestos de suspensión de los servicios de amarre (supuestos de incumplimiento de obligaciones o de falta de pago de las cuotas o tarifas, respecto de los usuarios de derechos de uso preferente ) a la inmovilización de la embarcación en su punto de amarre de forma provisional o si las circunstancias lo aconsejan a la retirada de la misma del amarre para botarla en seco, por entender que solo pueden corresponder a funcionarios públicos en ejercicio de su autoridad. Una ilegalidad –según el TSJC- derivada de la falta de cobertura en una norma con rango de Ley.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1363/2017 de 1 de septiembre de 2017, casa y anula la referida Sentencia del TSJC por incongruencia de la misma al anular determinados preceptos por razones no planteadas por el TSJC a las partes, por consiguiente por “extralimitación”, y porque entiende que tales facultades tienen cobertura legal en la Ley de Puertos de Catalunya, y concretamente en su artículo 60 que establece que “los contratos que se concierten entre el concesionario y otras personas físicas o jurídicas y que tienen por objeto la cesión temporal del uso y disfrute de elementos portuarios no reservados al uso público tarifado se regirán por el derecho privado por lo que respecta a las relaciones entre las partes contractuales, sujetándose a las cláusulas de la concesión, a la reglamentación general de la explotación y policía de los puertos en Cataluña y al reglamento particular de cada puerto que apruebe la Administración portuaria al otorgar la concesión”.

Por tanto, el Tribunal Supremo señala que frente a lo que sostiene la Sentencia del TSJC las facultades atribuidas al titular de la concesión están respaldadas por una norma con rango de Ley (La Ley de Puertos de Cataluña).

Para más información, contacte con Vicente Fargas.

 

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